HCP Noticias Desde Ushuaia, Tierra del Fuego, 102.1 Mhz FM. Para el Mundo Entero
El Gobierno avanzará esta semana con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para pedir una medida cautelar que suspenda la actividad de las petroleras que operan en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, en la llamada Cuenca Norte. Es un nuevo capítulo de la ofensiva diplomática por la soberanía del archipiélago, que incluye sanciones económicas y un proyecto de ley para reforzar la seguridad, la defensa y el control de los recursos.
En el Ejecutivo justificaron la elección de ese tribunal porque es un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El trámite estará a cargo de abogados de la Procuración del Tesoro, junto con la Consejería Legal de la Cancillería, que encabeza el embajador Mario Oyarzabal. En el Palacio San Martín evitaron dar fechas, pero en la Casa Rosada deslizaron que la presentación se haría en los próximos días.
La expectativa creció porque este lunes vencía el plazo que el Gobierno le había dado a Gran Bretaña para adoptar medidas que impidan la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en referencia al proyecto Sea Lion, que llevan adelante la británica Rockhopper y la israelí Navitas. Sin embargo, una fuente oficial aclaró que “no venció ningún plazo” formal para recurrir al tribunal, sino que aquella advertencia había sido parte de un comunicado de la Oficina del Presidente.
“Es el inicio del proceso arbitral bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal”, había dicho días atrás el canciller Pablo Quirno.
El tribunal está integrado por 21 jueces, entre ellos una argentina, Frida Armas, su actual vicepresidenta, que según fuentes consultadas debería excusarse. No tiene plazos para resolver y sus fallos son de cumplimiento obligatorio. Aunque no puede pronunciarse sobre la soberanía, sí podría evaluar si una de las partes puede explotar de manera unilateral recursos no renovables en una zona en disputa. En el Gobierno esperan un gesto favorable que permita frenar la extracción, y recuerdan que “los ingleses nunca aceptaron tribunales arbitrales” para resolver conflictos.
El gobierno británico cuestiona la avanzada argentina. Las acciones de las petroleras cayeron con fuerza tras el anuncio de sanciones y las empresas pidieron asistencia a la cancillería británica y a la Asamblea Legislativa de las islas. Aun así, siguen adelante: Rockhopper anunció la semana pasada la compra, por 44 millones de dólares, de una segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, la OSX-1, que operará a unos 200 kilómetros de la costa para acelerar el desarrollo de Sea Lion.
