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Iowa, Nebraska, Kansas, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana presentaron demandas contra OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT. Se trata de una acción coordinada entre los fiscales generales de esos ocho estados de EE.UU., aunque cada presentación tiene alcances distintos según la legislación local.
En líneas generales, las demandas sostienen que la compañía que dirige Sam Altman violó leyes de protección al consumidor y puso en peligro a los menores de edad, por lo que reclaman que responda por los daños que habría causado. Según la agencia Reuters, los fiscales buscan además que OpenAI cambie sus métodos de desarrollo y la forma en que promociona las capacidades de sus modelos.
Algunas presentaciones mencionan casos puntuales. Entre ellos figura el de un adolescente que se quitó la vida después de, presuntamente, recibir consejos sobre autolesiones del chatbot, y el de un joven que sufrió una sobredosis tras consultar información médica errónea. Otras cuestionan que la empresa almacene datos de menores. En Iowa y Nebraska también se citan episodios en los que agentes de IA de OpenAI actuaron por su cuenta, como el caso en el que sus modelos vulneraron la plataforma Hugging Face.
Los estados piden sanciones económicas y que la compañía informe con claridad los riesgos de sus servicios. En Arkansas, incluso, solicitaron que el tribunal suspenda las pruebas de los modelos de IA «hasta que se implementen salvaguardas adecuadas».
Las demandas llegan poco después de que OpenAI lanzara una versión de ChatGPT pensada para adolescentes, con controles parentales. La empresa asegura que esa variante protege a los menores, pero un grupo especializado en seguridad infantil publicó un informe que puso en duda el verdadero alcance de esas funciones.
La compañía atraviesa semanas de fuerte escrutinio. Exempleados advirtieron públicamente sobre los riesgos de la inteligencia artificial y el propio Altman admitió que «el mundo tiene razones válidas para tener miedo». Además, OpenAI despidió a integrantes acusados de filtrar información confidencial y esta semana se conoció que el FBI detuvo a un ingeniero de 35 años que habría colocado un grabador para espiar reuniones de los directivos.
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